CAMPAÑA EN CONTRA DEL MALTRATO INFANTIL
Desde 1991 Colombia cuenta con una Constitución Política garante de derechos fundamentales, y en su artículo 44 establece los derechos fundamentales de los niños y las niñas, lo que supuso una gran transformación social, al reconocerles como protagonistas de su propio desarrollo y de esta manera oponerse a que sean considerados un bien del que sus padres y guardadores disponen caprichosamente. Sin embargo, sólo hasta el año 2006 el Congreso de la República de Colombia aprueba la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. Históricamente, aunque resulte sorprendente, no siempre los niños, niñas y adolescentes han sido considerados por la sociedad como personas con derechos propios que merecían al mismo tiempo una protección especial por no poder tener todas sus capacidades totalmente desarrolladas, como se entiende es el caso de las personas mayores de edad.
A pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales y de las leyes de los estados por hacer cumplir los derechos de la infancia, ésta no ha dejado de estar en dificultad y debe decirse que para superarla en sus distintas formas de manifestarse, se requiere de un esfuerzo colectivo en distintos frentes y de voluntad política por parte de los gobernantes.
Colombia, por distintas razones políticas, sociales, económicas y subjetivas, se enfrenta a grandes problemas de salud mental, de orden público y a un conflicto armado que se ha prolongado en el tiempo y donde niños y adolescentes han tenido papel protagónico, no solamente como víctimas sino también como victimarios. Este panorama justifica no cesar de integrar esfuerzos destinados a contribuir a la aplicación y defensa de los derechos de la infancia, sin olvidar tampoco sus responsabilidades en el momento de reflexionar sobre la implementación de políticas referidas a ese segmento de la población.
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